Venezuela llama "crimen de agresión" sanciones de EE. UU. a 16 funcionarios

Caracas/Foto: Archivo. Venezuela consideró como un "nuevo crimen de agresión" las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a un total de 16 funcionarios por su papel en la "obstrucción de unas elecciones libres y justas" en el país.

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"Venezuela rechaza, en términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobiernos de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado", reza el comunicado publicado este jueves por el canciller Yván Gil en Telegram.

Según Miraflores, con estas medidas, Estados Unidos demuestra "su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos, en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a práctica fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".

Afirmó que la sanciones que, según "han sido vergonzosamente promovida por la extrema derecha fascista", suponen una "violación a los acuerdos firmados en Catar y pretenden imponer a todo un país a todo un país y sus instituciones las políticas de 'cambio de régimen' como parte de la doctrina Monroe".

"Poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos", continuó.

Miraflores señaló que EE. UU. "recorrerá el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela, que continuará conquistando nuevos logros, fortaleciendo su economía, consolidando su proceso democrático participativo y protagónico y, sobre todo, afianzando sus lazos con otras naciones del mundo que sí entienden de diplomacia, respeto y cooperación para el beneficio mutuo".

Finalmente, el Gobierno venezolano aseveró que "no habrá agresión y amenaza que separe a la patria de Bolívar de su papel protagónico, mientras las prácticas del imperialismo sucumben en su sistémica miseria moral".

"El gobierno del Estado agresor se aísla en su frustración, mientras que Venezuela se crece y vence. Esta arremetida contra personas que, día a día, defienden la soberanía y la paz de la nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población", sentenció.

Lista de sancionados

Entre los designados se encuentra Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2014, quien ha sido acusado de "apoyar la legitimidad de la victoria electoral de Nicolás Maduro".

Otras figuras clave incluyen a Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, y Juan Carlos Hidalgo Pandares, vicepresidente de la misma sala, ambos acusados de "descalificar a importantes candidatos de la oposición"

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ desde enero de 2024, y Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ, también figuran en la lista. Se les atribuye haber "respaldado afirmaciones infundadas de Maduro sobre su victoria electoral":

La lista también incluye a Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, así como a Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal del Ministerio Público, quienes han sido acusados de "perseguir y detener arbitrariamente a opositores y candidatos presidenciales".

Otros sancionados son Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE, ambos por implementar "reglas restrictivas que han afectado la transparencia electoral".

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, ha sido acusada de "utilizar motivaciones políticas en las detenciones de opositores".

Las sanciones también se extienden a altos mandos de la fuerza armada y del aparato de inteligencia del país, incluyendo a Domingo Antonio Hernández Larez, comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), este último señalado por "tortura y violaciones de derechos humanos".

La lista la completa: Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN); Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por presuntamente liderar la “detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio”; Johan Alexander Hernández Lárez, comandante de la REDI Capital, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).