Venezuela registró 24 violaciones a la libertad de expresión en enero 

Caracas/Foto: archivo.- La asociación civil Espacio Público denunció este miércoles que en Venezuela se registraron 24 violaciones al derecho de libertad de expresión en el primer mes del año. 

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En su página web, la ONG explicó que durante enero se documentaron 16 casos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas u organizaciones civiles por parte de actores y funcionarios del Estado venezolano. 

Contabilizó 19 víctimas de violaciones a sus derechos, entre ellas siete medios de comunicación, seis periodistas, tres casos que involucraron a la ciudadanía en general, dos particulares, una ONG y un trabajador público.

“El Estado se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país. De 19 victimarios, 14 se relacionan directamente con el Estado venezolano (8 instituciones, 4 cuerpos de seguridad y 4 funcionarios). Otros dos victimarios fueron simpatizantes del oficialismo y uno es desconocido”, especificó.

Censura

De igual manera, detalló que la emisora Anaru 99.5 FM, que operaba en la ciudad de Guasdualito, estado Apure, fue cerrada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el pasado 5 de enero. 

Ese mismo día, los trabajadores de la emisora fueron informados del cierre y decomiso de los equipos por “presuntos problemas administrativos” y por espacios en los que se entrevistó a miembros de la oposición política de la región. 

“El cierre de Anaru 99.5 FM afectó a entre 20 y 25 familias por la pérdida de empleos”, expone.

En el estado Portuguesa, se registró el cierre de las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM, que operaban en Guanare y Biscucuy, el 10 de enero. “Según un audio del alcalde del municipio Sucre (Biscucuy) de Portuguesa, Jóbito Villegas, la Conatel le envió un comunicado al director de la radio con la información de que se había vencido la concesión otorgada hace 30 años”.

El 27 de enero el medio Palpitar Trujillano tuvo que desalojar su sede en Valera producto a las amenazas que recibió por parte “de la gobernación” desde noviembre de 2023. Los problemas se acrecentaron luego de que el medio recibiera al dirigente opositor, César Pérez Vivas. 

Intimidación 

Espacio Público señaló que, por redes sociales, se denunció que “simpatizantes” del oficialismo intimidaron y acosaron a varios periodistas el pasado mes. Como es el caso del comunicador, Carlos Julio Rojas, quien expuso que ha sido acosado, hostigado y amenazado por “presuntos grupos de choque vinculados al partido del gobierno” en la parroquia San Agustín de Caracas.

“El acoso hacia Rojas se volvió más recurrente desde el momento en el que desde el oficialismo comenzaron a vincularlo con el caso de los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión en 2023. En los mensajes intimidatorios, además, publican fotografías del periodista con familiares y amigos”, destacó. 

Por otra parte, la organización denunció que el diputado Diosdado Cabello insultó a los periodistas de fuente política que cubren la Asamblea Nacional electa en 2015, y les acusó de ser “tarifados”. 

También, en el estado Vargas, funcionarios policiales y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) intimidaron al periodista Luis López en las adyacencias de su casa. De acuerdo a lo expuesto, el profesional es víctima de acoso y agresiones desde el 2016.

Sociedad civil

Con respecto a la sociedad civil, la organización señaló que el sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas, detenido en Barinas el 17 de enero por una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía Estadal de Barinas (PEB), fue víctima de amenazas.

“Durante la detención, los funcionarios amenazaron con detener y disparar al presidente de la ONG Fundehullan, Roland García, y le arrebataron el teléfono con el que estaba grabando el amedrentamiento”, publicó. 

Los ciudadanos que se encontraban en el lugar fueron obligados a eliminar el material audiovisual del allanamiento. Luego de dos semanas, se desconoce datos sobre el caso.

Para el 22 de enero, el Ministerio Público emitió órdenes de detención en contra de la periodista Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de DD. HH., Tamara Suju; el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina; los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín y otra veintena de personas, civiles y militares, por presuntos planes de “magnicidio”

Por último, se registraron daños a las fachadas de organizaciones políticas opositoras y ONGs en todo el territorio nacional por parte de militantes afectos al gobierno, quienes pintaron el mensaje “Furia bolivariana”.