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Venezuela repite en lista negra de Derechos Humanos de la CIDH: Poder Judicial es frágil

Christhian Colina

Efe.- Cuba, Venezuela y Guatemala figuran en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el informe anual de 2015 que publicó este jueves ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El capítulo IV del informe, conocido como la “lista negra”, señala los países donde las violaciones de Derechos Humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo, con sede en Washington. Cuba y Venezuela repiten en esa lista y Guatemala sustituye a Honduras con respecto al informe de 2014.

Con relación a Cuba, la CIDH criticó “las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento”. Todo ello, según el organismo panamericano, continúa limitando “de manera sistemática” los Derechos Humanos de los habitantes en Cuba.

“A lo anterior, se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores de Derechos Humanos, personas disidentes y periodistas independientes a la línea oficial”, apuntó. La CIDH también conoció situaciones de discriminación y violencia respecto de personas LGTBI, además de contextos de exclusión que perjudican a la población afrodescendiente.

Respecto a Venezuela, el organismo lamentó “la provisionalidad de los jueces y fiscales”, que conlleva “la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad”. La comisión consideró que esta “falla estructural” impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye “uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”.

La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político es, para la CIDH, “uno de los puntos de mayor fragilidad” y se mostró preocupada por “la utilización del poder punitivo del Estado para hostigar y estigmatizar a los defensores de Derechos Humanos y periodistas”.

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