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Venezuela se mantuvo en una intensa espiral de protestas contra el “salario hambreador” en el 2018

Luis De Jesús | 18 diciembre, 2018

Caracas.- Desde comienzos del último semestre del año, los trabajadores públicos del país se han mantenido en protesta permanente para exigir lo que les corresponde constitucionalmente: un salario digno con el que puedan cubrir la canasta básica alimentaria y demás gastos básicos. En Venezuela, que entró en hiperinflación desde noviembre de 2017, según datos de la Asamblea Nacional, la crisis económica ha sido implacable con el bolsillo de los empleados, quienes deben sortear los altos precios de los servicios y productos.

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La situación se tornó compleja luego de que el presidente de la República Nicolás Maduro aumentara el salario mínimo homologado a 1.800 bolívares soberanos, ajuste en el que también les quitaron los contratos colectivos y todos los beneficios que habían alcanzado. Los trabajadores han sido criminalizados por ejercer su derecho a la protesta, en donde han denunciado la crítica situación económica por la que tienen que atravesar.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los reclamos por los derechos laborales ocuparon el segundo lugar durante el mes de octubre, pero estas protestas lideraban desde el mes de mayo. Las cifras del observatorio indican que de las 1.418 que ocurrieron en ese mes, 533 se debieron a las exigencias de los trabajadores.

Las protestas por mejoras salariales están sujetas a las exigencias al Gobierno nacional de mejorar las condiciones en las que se encuentran las instituciones públicas, las universidades y los recintos hospitalarios, áreas principales en donde persiste la escasez de equipos, insumos y medicinas. Todo esto, en un país en donde el mandatario nacional alardea ser un presidente obrero y asegura “proteger” a los trabajadores.

Los manifestantes, a pesar de que han ejercido la protesta de forma pacífica, han sido abordados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con equipos antimotines, para imposibilitar el traslado de los trabajadores. En varias oportunidades, han denunciado haber sido víctimas de agresiones por parte de las autoridades.

Ante la presión y la hiperinflación, Maduro se vio obligado a decretar a finales de noviembre un nuevo aumento del salario, que pasó de 1.800 bolívares soberanos a 4.500 bolívares soberanos, pero no pasaron muchas horas cuando los productos básicos se encontraban en los establecimientos con los precios triplicados, imposibilitando aún más su acceso.

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Con este monto, un ciudadano común apenas puede costear un kilo de carne y un kilo de queso al mes. “Al señor Nicolás Maduro, usted dice que fue dirigente sindical, es hora de que lo demuestre, porque usted es un patrono hambreador, que lo que está generando es un movimiento migratorio porque la gente está muriendo de la hambrazón“, ese fue el exhorto que hizo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, durante una protesta en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo.

“Es el momento de decirle al Gobierno: ¡Basta! No estamos dispuestos a que nos maten de hambre”, aseveró Contreras. Empleados de empresas estatales como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), del Metro de Caracas, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), las Empresas Básicas de Guayana, la Cancillería de la República, Petróleos de Venezuela, ministerios y otras instituciones, también se han sumado a la exigencia de salarios que dignifiquen a los trabajadores.

Lo que ganamos, no alcanza para nada. Exigimos respeto a nuestros derechos”, dijo uno de los trabajadores del Ministerio de Vivienda y Hábitat, quienes en días pasados trancaron la avenida Francisco de Miranda para exigir sus derechos. Simultáneamente, registró una protesta de empleados del Ministerio para la Educación, quienes exigían el respeto de sus derechos laborales.

Muchos de ellos han sido víctimas de persecución y despidos injustificados por el hecho de protestar en las calles y exigir sus derechos, como fue la experiencia de Deillilyn Rodríguez, dirigente sindical del Metro de Caracas, quien fue botada de la empresa estatal por denunciar las precarias condiciones en las que laboran y el deterioro del sistema de transporte subterráneo.

En horas de la madrugada del pasado viernes 14 de diciembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a varios trabajadores de Venezolana de Aluminio (Venalum) durante un operativo. La detención ocurrió luego de que un grupo de las Empresas Básicas de Guayana retornaran de una movilización en Caracas, con el objetivo de entregar al Ejecutivo nacional una carta en donde rechazan las violaciones de los derechos laborales y constitucionales, y en donde le exigían el cese de la represión y del encarcelamiento de trabajadores y sindicalistas.

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Pablo Zambrano, representante de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), aseveró en una oportunidad que están cansados de los despidos injustificados y de las persecuciones por parte de los organismos de seguridad del Estado, quienes siguen las órdenes del mandatario nacional.

La situación y las precarias condiciones del país han motivado a miles de profesionales a sumarse al éxodo venezolano para buscar mejoras en otras naciones, aunque tengan que dejar su profesión a un lado para desempeñarse en otras actividades y lograr así una estabilidad económica y social en un país ajeno. El número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo alcanzó los tres millones, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

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