Venezuela registró 134 ataques a defensores de DD. HH. en agosto, según el CDJ

Caracas / Foto: Provea.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló este miércoles que, durante el mes de agosto, se han contabilizado un total de 134 "incidentes y ataques que afectan la seguridad" de defensores y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

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En un informe, la organización detalló que este aumento se produce en un contexto de "política estatal de criminalización, represión y control social que ha intensificado las agresiones contra aquellos que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos".

Según el CDJ, las tácticas del Estado tienen como objetivo "crear un ambiente de miedo que limite la acción de las organizaciones defensoras, fomentando el retraimiento ante el temor a posibles represalias".

El informe subraya cómo la defensa y promoción de los derechos humanos "está bajo ataque continuo, lo que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de asociación, reunión y defensa en Venezuela".

"Ataques"

Asimismo, destacan que "la criminalización y la represión por parte del Estado, en un entorno de impunidad casi total, han cerrado aún más el espacio cívico y democrático, dificultando el accionar de la sociedad civil, incluidos aquellos vinculados al movimiento de derechos humanos".

"Las agresiones físicas y morales han incrementado, destacándose la intimidación y el hostigamiento como los modos más comunes de ataque en este periodo. Estas acciones no solo se traducen en agresiones directas, sino que también se instalan en un contexto de estigmatización que busca socavar la legitimidad de las organizaciones, acusándolas de ser fascistas, terroristas y desestabilizadoras”, afirma la organización.

Además, el informe revela que "se siguen implementando medidas legales y acciones estatales que amenazan la existencia de espacios cívicos y democráticos, aumentando los obstáculos para el ejercicio pleno de derechos fundamentales".

A juicio del CDJ, "estos instrumentos jurídicos se caracterizan por ir en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, diseñados para intimidar y neutralizar la voz de la sociedad civil en Venezuela".

Ante esta situación, el CDJ hace un llamado urgente a "crear condiciones seguras y favorables que permitan a quienes defienden y exigen derechos humanos hacerlo sin temor a consecuencias negativas".

Finalmente, la organización sostiene que, "mientras persistan las medidas legales y prácticas que limitan el espacio cívico y democrático, los riesgos continuarán presente para la sociedad civil en el país".