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¿Venganza? Constituyente y Ministerio Público cercan el entorno de Ortega Díaz

El Cooperante | 17 agosto, 2017

Caracas, 17 de agosto. EFE.- La Constituyente instaurada por el oficialismo pidió este miércoles la detención por supuesta corrupción de varios altos cargos relacionados con la antigua dirección del Ministerio Público, que estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz y cuyo nuevo titular solicitó inmediatamente órdenes de captura contra ellos.

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En una jornada en la que además se puso en marcha la “Comisión de la Verdad“, que investigará la violencia en las protestas, Diosdado Cabello explicó, acompañado de otros miembros de la Constituyente, que se pidió la detención de varios implicados en una “gran red de extorsión” en la Fiscalía, que supuestamente cobraba millones de dólares a personas para evitar ser procesadas por la justicia.





Según Cabello, parte de esa red sería el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro y destituida por la Constituyente. Junto a Ferrer figuraba en la lista de la supuesta red de extorsión el fiscal Pedro Lupera, encargado hasta este miércoles de la sección anticorrupción y quien había abierto durante el mandato de Ortega Díaz investigaciones a funcionarios del Gobierno por corrupción.

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Tarek William Saab, nombrado sucesor de Ortega Díaz por la Constituyente, pidió enseguida para todos ellos órdenes de captura, que deben ser dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una instancia acusada de servir al Gobierno y que este martes se puso a disposición de la Asamblea Constituyente. Saab aseguró estar en posesión de “documentos originales” presentados por Cabello que demostrarían “la apertura de cuentas” en las Bahamas a nombre de los sospechosos que sobrepasarían los 6 millones de dólares.





Según Saab, quien dio un giro a la actitud de denuncia que tenía la Fiscalía bajo el mando de Ortega, algunos extorsionados fueron empresarios “que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco”, donde se encuentra la mayor reserva de crudo de Venezuela. A través de Lupera, la fiscalía imputó a directivos de Petropiar por ordenar supuestas compras con sobreprecio para esta compañía que opera en la Faja del Orinoco. Además de corrupción, la fiscalía de Saab atribuye a Ferrer y sus supuestos cómplices cargos de legitimación de capitales y delitos financieros y económicos.

Sin que el TSJ se haya pronunciado sobre las solicitudes de Saab, el servicio de inteligencia allanó la residencia que Ferrer comparte con Luisa Ortega Díaz, quien escribió en Twitter que la redada es “parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela“.

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