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Víctimas de violaciones de DD. HH. en Venezuela se reunieron con representantes de la CPI

En dicha reunión el grupo también expresó la necesidad de que la CPI incluya el delito de asesinato como parte de la investigación abierta contra Venezuela

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Caracas/Foto: @Azuaje_Wilmer.- El dirigente opositor Wilmer Azuaje informó este lunes que un grupo de víctimas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela se reunieron con representantes de la Corte Penal Internacional (CPI). 

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En un video compartido en su cuenta de Twitter, Azuaje indicó que las víctimas asistieron por primera vez a la sede de la CPI para ser escuchados por representantes del tribunal de justicia internacional. 

"Nuevamente acudimos acá a la Corte Penal Internacional no solamente para introducir documentación de muchas víctimas en Venezuela, sino que hoy también se nos dio la oportunidad de que las víctimas por primera vez asistieran a la CPI donde van serán escuchadas", dijo. 

Además, reiteró que en Venezuela "no hay un sistema judicial que nos pueda defender nuestros derechos humanos".

Azuaje señaló que el grupo se reunió con una comisión de alto nivel de la Fiscalía de la CPI para "presentar y exponer" sus casos e "introducir evidencia de varios otros".

Al encuentro asistieron Zugeimar Armas, mamá del estudiante Neomar Lander; Luis Armando Pérez, hermano del policía Óscar Pérez, y David Vallenilla, padre del estudiante David Vallenilla. 

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"Esta reunión es la primera en la que víctimas somos directamente recibidas por las instituciones de la CPI, y por ello representa un gran avance en la búsqueda de justicia. Las víctimas de persecución, tortura, desaparición forzada y privación ilegítima de libertad tenemos derecho a conseguir justicia. Los crímenes no pueden quedar impunes", destacó.

En dicha reunión el grupo también expresó la necesidad de que la CPI incluya el delito de asesinato como parte de la investigación abierta contra Venezuela. 

"Seguiremos buscando justicia y apoyando las denuncias legítimas de quienes han sido víctimas de actos atroces que no se pueden repetir más nunca. ¡La justicia no se negocia!", concluyó

En contexto

El pasado mes de marzo el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció que abriría una oficina en la ciudad de Caracas para investigar presuntos delitos de lesa humanidad, luego de llegar a un acuerdo con la Administración de Nicolás Maduro. 

"Las partes han acordado que la Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí", dijo Khan durante un acto con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. 

El fiscal también informó que acordaron la entrada de visas para los miembros de su equipo con el propósito de garantizar su entrada a la nación sin dificultades. Por otra parte, señaló que la Fiscalía ha reforzado su compromiso con debates con diferentes miembros de la Administración de Nicolás Maduro. 

"También hemos acordado tener reuniones de trabajo entre los miembros de mi oficina y su Gobierno. Algo que me parece importante es que hemos logrado un consenso para que la Fiscalía pueda trabajar con organizaciones internacionales y asociados".

Finalmente, el fiscal anunció que espera que a mediados de 2023 se lleve a cabo una conferencia de alto nivel en Caracas para intercambiar conocimientos técnicos sobre la complementariedad del Estatuto de Roma.

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Un mes después la Fiscalía de la CPI decidió avanzar con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro solicitara el aplazamiento tras argumentar que hay investigaciones internas sobre los casos consignados.

“Venezuela no adjunta ningún material de respaldo. En cambio, se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente”, se lee en el comunicado.

El Gobierno de Venezuela tenía hasta el 16 de abril de este año para presentar a la CPI la documentación que probara que los procedimientos internos estaban avanzando para castigar las violaciones a los DD. HH. en el país.





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