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WOLA: En Venezuela debe cesar la represión contra la sociedad civil

La ley exigiría que se revelen las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las oenegés de derechos humanos y asistencia humanitaria

Cortesía

Caracas.- La Oficina en Washington para Asuntos Americanos (WOLA) emitió el lunes un comunicado en conjunto con 92 organizaciones de la sociedad civil en rechazo a la nueva Providencia Administrativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por considerar que la medida pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población.

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La misiva sostiene que mientras se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la sociedad civil se vuelven cada vez más comunes. El 30 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa, en el que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro del país a entregar datos confidenciales sobre sus aportes y beneficiarios.

"Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el Estado", precisó el comunicado.

Afirman que esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales.

En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONGs internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela” y sus intenciones. Poco después, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezolanas (Sudeban) anunció el 20 de noviembre del 2020 que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones comerciales y financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro en el país, la cual consideran como una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela.

Otra de las preocupaciones expuestas fue el proyecto de “Ley de Cooperación Internacional” propuesta el 15 de abril por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional que inició funciones en enero. Esta ya fue aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión, y las organizaciones firmantes temen por la posibilidad que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONGs en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto de ley similar de “Ley de Cooperación Internacional,” propuesto en 2015.

Extendieron su preocupación como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, e instaron a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela. También exhortaron a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia.

"Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla", reiteraron.

Persecución a las ONGs

Manifiestan que la amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave debido al acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que han enfrentado en los últimos meses los miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela. El pasado 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes bajo cargos sin fundamento de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los cargos en su contra aún no han sido retirados después de la liberación condicional de los defensores el 10 de febrero, lo cual impulsó a expertos independientes de las Naciones Unidas a pedir a las autoridades venezolanas que “cesen los continuos y crecientes ataques e intimidaciones contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el país.”

Docenas de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela también han enfrentado la intimidación y amenazas en forma de acusaciones públicas y difamación, congelamientos de cuentas bancarias, órdenes de detención y allanamientos de las oficinas de ONGs por agentes de las fuerzas de seguridad. Entre enero y marzo del 2021, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Maduro. Este patrón fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

El 22 de febrero, la Alta Comisionada anunció que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición” desde septiembre de 2020. Asimismo, varias organizaciones recientemente alertaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas de criminalización contra defensores y defensoras y organizaciones de la sociedad civil y su agravamiento acelerado en el actual contexto.

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Organizaciones firmantes

Entre las organizaciones nacionales que se suscribieron al llamado destacan Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ), Asociación Civil Más Ciudadanos, A Todo Pulmón, Aula Abierta, Aquí Cabemos Todos, Centro de Estudios Sociales y Culturales (CENSO-C), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Discapacitados, Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Defiende Venezuela y DPR-Lara.

También se incluyeron Epikeia Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal, Fundación Iribarren Lucha, Fundación Lucelia, Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Movimiento Ciudadano Dale Letra, Observatorio Electoral Venezuela (OEV), Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Observatorio Hannah Arendt, 

Por último, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Organización StopVIH, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), Proyecto de Extensión Visibilización y Educación en DDHH de la Face, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), Una Ventana a la Libertad, Unión Cívica Nacionalista, Urgent Action for Democracy and Development, y Venezuela Diversa AC.

De las organizaciones en Perú firmaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), Asociación Pro Derechos Humanos, Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (SEDYS) de Trujillo, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Centro Loyola Ayacucho, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Comisión de Derechos Humanos de Alto Huallaga (CODHAH), y la Comisión de Derechos Humanos de Ica.

A su vez la Comisión de Derechos Humanos de Moyobamba, Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Comisión Episcopal de Acción Social, Comisión de Justicia Social de Chimbote, Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (COSDEJ), CooperAccion, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Fundación Ecuménica el Desarrollo y la Paz, Instituto de Defensa Legal, Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) de Puno, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Movimiento Manuela Ramos, Movimiento JATARISHUN, y Paz y Esperanza.

En Colombia firmaron la Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Brisas del Norte, y la asociación Venezolanos en Barranquilla. Por México suscribieron las Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En Ecuador se unieron el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Revista Digital Inalienable, y Venezolanos en Guayaquil.

En Argentina firmó el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en Bolivia la Oficina Jurídica para la Mujer, en Brasil la "Conectas Dereitos Humanos", en El Salvador la Asociación Pro-Búsqueda, en Honduras el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, junto a Activados Panamá, el International Service for Human Rights (ISHR) de Suiza, y Canada Venezuela Democracy Forum.

Demás organismos internacionales suscribieron, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Internacional de Juristas, Fundación para el Debido Proceso, Human Rights Watch, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Red Jesuita con Migrantes LAC, Robert F. Kennedy Human Rights, y Women’s Link Worldwide.

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Al final, resaltaron las organizaciones americanas como América Diversa, Casa DC Venezuela, Coalición por Venezuela, Derechos Humanos con DR, Corp., y Fe en Venezuela.



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