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¿Y la Lopnna? Las leyes que se vulneran al retener menores de edad en el Sebín

El Cooperante | 26 marzo, 2018

Caracas, 26 de marzo.- El pasado jueves, el Foro Penal Venezolano (FPV) realizó un recuento del número de presos políticos a la fecha, detallando que un total de 241 personas permanecen en los calabozos del país. En este sentido, la organización no gubernamental dio a conocer que en lo que va de año, 157 fueron aprehendidos durante este año, de los cuales, 81 aún están detenidos.

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Entre estos, destacan los casos de cuatro menores de edad que están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín). Dylan Canache, Andrés Aserraf, Betzaida Martínez y Elianys Rodríguez, todos en la edades comprendidas entre los 16 y 17 años de edad, fueron apresados el pasado mes de enero, y hasta la fecha, no han podido ver a sus familiares, así como tampoco se les ha permitido el acceso a un abogado privado.





En rueda de prensa, el director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, detalló que los cuatro adolescentes fueron presentados y se les otorgó libertado bajo fianza, por lo que, tras realizar los trámites respectivos, les fue otorgada boleta de excarcelación, sin embargo, hasta la fecha, el director del Sebín, Gustavo González López, se niega a liberar a los menores, quienes ahora portan la figura judicial de presos.

A estos, se suman otros dos jóvenes que ingresaron a las celdas de El Helicoide como menores de edad, pero que cumplieron la mayoría de edad en reclusión. Se trata de Ender Gonález y Diego Gomes de Caires, ambos en las mismas condiciones judiciales que Canache, Aserraf, Martínez y Rodríguez. El vocero del Foro Penal aclaró que los padres de los menores no denunciaron públicamente el hecho antes, porque se les prometió que serían puestos en libertad.

¿Qué dice la Lopnna?

En este sentido, Romero precisó las múltiples violaciones a sus derechos como menores, plasmados en la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). Uno de los artículos de esta Ley que fue vejado es el 88, que sostiene que “todos los niños y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en esta Ley y el ordenamiento jurídico”.





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Aunado a este, se suma el 541, que refiere que “el adolescente investigado o detenido debe ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y su defensor”. Según Romero, los menores fueron presentados únicamente con la defensa pública, y a sus padres ni siquiera se les notificó sobre el proceso, sino cuando se les otorgó la libertad bajo fianza, lo que también violenta el artículo 654, que apunta que “todo adolescente señalado como presunto autor o participe de un hecho punible tiene derecho, desde el primer acto de procedimiento”, entre otros, a “ser asistido por un defensor nombrado por él, sus padres o responsables”.

El caso de estos detenidos ha sido denunciado públicamente, e incluso, se realizó una alerta de carácter internacional. La ONG Operación Libertad, presentó un informe en el que se detallan las violaciones específicas a las que han sido sometidos Dylan Canache y Andrés Aserraf, quienes están en un calabozo llamado “‘Preventiva 1′, que mide 10 metros cuadrados aproximadamente. La celda tiene pésimas condiciones higiénicas y de salubridad: paredes grasosas, humedad y moho, poca iluminación y ventilación, presencia de ratas y cucarachas”. 

Según el reporte, hecho público el 17 de marzo, junto a ellos están recluidos diez delincuentes comunes, de los que ocho, son mayores de edad, lo que vulnera el artículo 549 de la Lopnna, en el que se señala que “los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad“. 

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Asimismo,  se les ha negado todo tipo de visitas familiares o de defensa y no pueden tener ningún tipo de comunicación con estos, pese a que el artículo 665, sostiene que “los padres, representantes o
responsables del adolescente podrán intervenir en el procedimiento como coadyuvantes en la defensa. Esto no obsta para que rindan declaración si fueren testigos del hecho”. Además, se les han violado sus derechos humanos, al impedirle el acceso a médicos o medicamentos, pese a que, asegura el informe, han sufrido “maltratos físicos”, al ser golpeados con pistolas de funcionarios y con tablas en la cabeza. 

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